El Tratado BBNJ, también conocido como Acuerdo de Alta Mar, establece un marco jurídicamente vinculante para la conservación de la biodiversidad marina en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales, y entrará en vigor el 17 de enero de 2026 tras alcanzar 60 ratificaciones en septiembre de 2025 (Marruecos). Este instrumento representa un avance histórico en la gobernanza oceánica global, proporcionando mecanismos de protección para más del 50% de la superficie planetaria que corresponde a la Alta Mar. Su relevancia, al ser un tratado global conlleva implicaciones internacionales y oportunidades para Colombia y por lo tanto, se considera de vital importancia su ratificación por parte del país, más aún en el contexto del proceso de actualización de la Política Nacional Ambiental para espacios marinos, costeros y oceánicos PNAOCI

Importancia Mundial del Tratado

El Tratado BBNJ aborda la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en Alta Mar y fondos oceánicos, cubriendo diversas áreas que van desde los recursos genéticos marinos (MGR), las herramientas de gestión basada en áreas (ABMT), las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y la transferencia de tecnología. Su adopción en junio de 2023 tras 20 años de negociaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) marca un hito, ya que llena un vacío legal en océanos abiertos donde no existe soberanía nacional, y este punto resulta crucial dadas las coyunturas políticas que amenazan el derecho internacional y muy particularmente al derecho ambiental, por lo tanto, contribuye a reforzar el sistema de protección jurídica para ecosistemas vulnerables frente a amenazas como la pesca excesiva, contaminación y cambio climático, promoviendo redes de áreas marinas protegidas conectadas y beneficio compartido equitativo de MGR, esenciales para biotecnología y farmacéutica.

Este acuerdo adicionalmente se alinea con metas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 14) y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (30×30), impulsando una gobernanza integrada que puede contribuir a prevenir la pérdida de biodiversidad marina proyectada para 2050. Para países como Colombia, con costas extensas en Caribe y Pacífico, constituye, por tanto, una oportunidad para convertirse en un líder en los proyectos de conservación transfronteriza, fortaleciendo la resiliencia oceánica ante crisis planetarias.

Implicaciones para Gobernanza Internacional

La entrada en vigor del BBNJ transforma, sin lugar a dudas, los mecanismos de gobernanza de océanos al crear obligaciones vinculantes para Estados parte, incluyendo EIA obligatorias para actividades con impactos significativos, como minería profunda o investigación científica. Por la naturaleza del convenio, establece un mecanismo de intercambio de información (clearing-house) y coordina con cuerpos existentes como la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA) y organizaciones regionales de pesca, evitando la fragmentación tanto jurídica como de gobernanza sobre estos espacios, lo cual implica una transición institucional a nivel global, dando inicio con la primera Conferencia de las Partes (COP) que se convocará en 2026, definiendo reglas para ABMT y reparto de beneficios de MGR.

Globalmente, el tratado contribuirá a fortalecer la multilateralidad al exigir cooperación en monitoreo y construcción de capacidades y transferencia de tecnologías para países en desarrollo, promoviendo datos abiertos y evaluaciones transfronterizas. Estos desafíos incluyen procesos de adhesión e implementación de mecanismos de seguimiento en regiones de alta mar, donde interactúa con regímenes sectoriales, (polares) con el fin de ofrecer un marco para la gobernanza unificada. 

Responsabilidades Jurídicas para Colombia

Colombia, cuenta con 2,8 millones de km² de territorio marino incluyendo ZEE y aguas profundas, sin embargo, el país no es parte de CONVEMAR, por lo que la ratificación de BBNJ representa una oportunidad de conectar las políticas públicas nacionales con los mecanismos de protección internacional de alta mar y los fondos oceánicos, con base en principios de conectividad ecosistémica, Ello implicaría que el país adquiere obligaciones directas que van desde la adopción de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para actividades en alta mar, continuar en la senda de creación y fortalecimiento de mecanismos basados en áreas (ABMT), así como el compartir los beneficios derivados del acceso a recursos genéticos.

Jurídicamente, contribuiría a integrar compromisos internacionales post-PNAOCI 2000, como Escazú, reforzando principios constitucionales (arts. 79, 80, 101 CP) de protección ambiental y bienes públicos marinos, costeros y oceánicos, lo que requerirá una profunda armonización con la normativa vigente y cuyas bases ya vienen siendo planteadas dentro de los proyectos de actualización de la política ambiental marina que se vienen proponiendo desde CEMarin. Sin embargo, uno de los grandes retos para estos logros implica el desarrollo de procesos tales como la consulta previa para su adopción en razón a los posibles impactos en comunidades étnicas, sobre todo en zonas costeras transfronterizas, por lo que Colombia debe actuar diligentemente a través de sus autoridades ambientales y diplomáticas con la mayor celeridad posible.

Obligaciones Científicas y Ambientales

Desde el punto de vista científico, el Tratado exigiría el refuerzo de actividades tales como el monitoreo continuo de biodiversidad en alta mar, priorizando expediciones en aguas profundas colombianas (Caribe y Pacífico), donde INVEMAR y CEMarin lideran entre otros, con apoyo de las entidades competentes del sector (SINA). Adicionalmente, Colombia deberá adoptar mecanismos de transferencia de información con datos abiertos que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de información ambiental, marinos y oceánicos, tales como el SINOC, que han sido propuestos en una eventual PNAOCI actualizada, con énfasis en MGR y conectividad ecológica.

Desde lo ambiental, el reto implica apoyar desde las competencias nacionales en el proceso de expansión de Áreas Marinas Protegidas (AMP) incluso más allá de ZEE, alineando estos objetivos con la Alianza 30×30: en la que Colombia ya supera el 37% marino protegido, pero consciente de la necesidad de crear y fortalecer las redes conectadas en alta mar. En este sentido, el proceso de propuesta de actualización de la PNAOCI incorpora la necesidad de adhesión a BBNJ explícitamente en ejes de ordenamiento, contaminación e investigación, proponiendo la gobernanza para aguas profundas y cooperación bioceánica, como elemento fundamental ante las amenazas derivadas del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. 

Oportunidades en Política Pública

Para Colombia, la adhesión a BBNJ ofrece oportunidades en materia de reforzamiento de política pública al considerar la articulación entre PNAOCI con PNOEC y CONPES 3990 en la búsqueda de una gobernanza integrada, creando sub-instancias especializada en océanos profundos y propiciando el acceso a fondos como GCF/GEF para expediciones y tecnología, adoptando y reforzando principios de economía azul sostenible con salvaguardas. 

En materia de oportunidades científicas, la adhesión a BBNJ conlleva la oportunidad de participación y co-producción de conocimiento con organismos de investigación internacionales a través de proyectos de investigación, fortaleciendo políticas de datos abiertos y procesos de seguimiento-evaluación-aprendizaje (MEL), lo que contribuiría a posicionar a Colombia en el liderazgo regional (CPPS, Convenio Cartagena), trayendo inversión verde y transiciones justas para comunidades costeras. De esta manera, BBNJ no solo vincula a Colombia a estándares globales, sino que contribuye a catalizar su PNAOCI hacia una gobernanza oceánica resiliente y equitativa.